España: amnistia fiscal a lo lejos

"El Gobierno se divide ante la idea de una amnistía fiscal" es un articulo publicado el 26-12-2008 , por C.Cuesta/E.S.Mazo, en Expansion (www.expansion.com):

Presidencia ha lanzado el debate. El departamento de Solbes rechaza la posibilidad de aplicar una amnistía. Mientras, CiU y el círculo más cercano a Zapatero la defiende.


Jesús Caldera, desde la Fundación Ideas, y con el mandato de Presidencia del Gobierno de abrir el debate, lanzó la idea de la posible aplicación de una amnistía fiscal (ver EXPANSIÓN del 13 de diciembre). Y apenas dos semanas después se ha convertido ya en uno de los motivos de mayor debate y tensión dentro del Ejecutivo.

La idea contaba desde el primer momento con el apoyo del propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Y había sido respaldada en parte por el ministro de Industria, Miguel Sebastián, partidario del afloramiento del dinero negro que podría estar oculto en billetes acumulados por las familias (principalmente de 500 y 200 euros).

Caldera desarrolló la idea, centrándola en un plan de captación de dinero procedente de los paraísos fiscales, de forma que los capitales opacos e ilegales pudiesen cruzar las fronteras nacionales sin castigo penal. Además, según el plan de Caldera, podrían disfrutar de un régimen fiscal beneficiado en el momento de entrar en España.

Pero la idea no quedó ahí y ha levantado ya una intensa polémica tanto dentro como fuera del Gobierno. Los últimos debates mantenidos en Presidencia apuntaban ya a una amnistía, tanto para los capitales en el exterior como en el interior. Es decir, un plan de afloramiento general de dinero evadido y negro.

Los últimos estudios sobre economía sumergida elaborados por la Unión Europea aseguran que el volumen de actividad negra en España podría alcanzar el 22% de su PIB, es decir, más de 220.000 millones de euros.

Presidencia ha logrado un apoyo externo. CiU ha sido uno de los primeros que ha puesto manos a la obra en la labor de difundir la idea: un panel de expertos convocado por el partido catalán hace tres semanas ha incluido ya la idea de la amnistía fiscal como un remedio viable frente a la falta de liquidez y la caída de recaudación fiscal (más de un 11% en el año) que sufren las arcas tributarias nacionales. Este foro se nutre, además, de una petición pública lanzada por el Col.legi de Gestors de Catalunya: hacer una emisión de carácter extraordinaria de deuda a bajo interés, durante cuatro años, con el objetivo de aflorar dinero negro. De esta forma, se lograría financiación a bajo coste para ayudar, vía préstamos, a las pequeñas empresas. Una estrategia similar a la empleada por el Ejecutivo también socialista en 1991 (ver información adjunta).

La medida afectaría a dos colectivos adicionalmente: a los inspectores fiscales y al equipo de seguimiento del blanqueo, constituido en el Banco de España bajo el nombre de Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) y que engloba a personal del Banco, de la Agencia Tributaria y del Tesoro. Fuentes de la Inspección han mostrado ya su rechazo total a una amnistía mientras que, fuentes internas de Economía, han señalado ya que la postura del personal del Banco de España no será distinta.

Dentro del propio Partido Socialista, el debate ha dividido a la formación. Pese al respaldo abierto de Caldera, numerosos colectivos han mostrado ya a la Ejecutiva su rechazo a una medida que beneficiaría a los contribuyentes defraudadores y con mayores recursos de todo el sistema fiscal español, algo que no consideran muy acorde con los supuestos principios del Partido Socialista.

No es algo nuevo para España

No sería la primera vez que se aprueba una amnistía fiscal en España. El último antecedente se remonta, de hecho, a 1991, fase previa a la última recesión y situación más parecida a la actual. Fue entonces cuando Carlos Solchaga, como ministro de Economía, ofreció a los suscriptores de pagarés del Tesoro (ajenos a los ojos de Hacienda) que pudieran regularizar su situación. Las opciones eran dos: la primera, canjear esos títulos por la que llamó Deuda Pública Especial, un activo libre de impuestos y que preservaba la identidad del inversor, aunque de menor rentabilidad.

La segunda alternativa pasaba porque esos suscriptores hicieran declaraciones complementarias por esos pagarés sin sanción. Un movimiento conjunto que permitió aflorar casi 780.000 millones de las antiguas pesetas (4.700 millones de euros) opacos para el Fisco desde 1991. Antes de aquella medida de Solchaga, entre 1977 y 1978, el Estado aprobó una amnistía en el IRPF y en Sociedades, que se basó en regularizar bienes ocultos, como fórmula, en el fondo, para vertebrar un buen funcionamiento del sistema fiscal en los comienzos de la democracia.

Entre una y otra etapa, el Ejecutivo de Aznar acusó al Gobierno saliente del PSOE de realizar una amnistía "encubierta", que, sin embargo, jamás se demostró.El PP denunció que el PSOE perdonó a determinadas empresas pagos por valor de más de 1.200 millones de euros.

España: ventajas fiscales para filiales internacionales de matrices españolas

"Regalo fiscal para grupos con filiales en el exterior", articulo publicado el 20-12-08 , por C. Cuesta / E. S. Mazo para Expansion (www.expansion.com):

Los cambios legislativos de urgencia no dejan de llegar ante el temor a la gravedad de la crisis. Tan acelerados como desordenados. Y entre ellos, el Gobierno acaba de pactar con CiU uno de los más reclamados regalos de Navidad de las grandes empresas. Se trata de la eliminación del pago de impuestos por buena parte de los beneficios conseguidos en 2008 por las filiales en el exterior de las mayores compañías nacionales.


La reforma resuelve, así, un más que difícil y amargo trago para las empresas. El cambio de la norma contable asumido este año por las empresas ha supuesto la eliminación de la posibilidad de dotar provisiones por las filiales controladas en el exterior. Estas provisiones eran deducibles, con lo que, al desaparecer la provisión desaparece el incentivo fiscal. Pero se generaba un problema adicional.

En el año 2008 las provisiones siguieron dotándose. Provisiones que, en la mayoría de los casos, no se han utilizado porque el ejercicios se ha saldado, o se terminará de saldar, con beneficios. Y la norma fiscal exige que al deshacer la provisión se haga figurar su importe como un ingreso, es decir, que habría que pagar Impuesto de Sociedades (con un tipo fiscal del 30%) por todo este dinero. Y habría que hacerlo ahora, en medio del agravamiento de los problemas de liquidez de las compañías.

Pacto

La respuesta ha llegado a través de un pacto entre el PSOE y CiU. Y así, «con efectos exclusivos para el primer periodo impositivo que se inicie a partir del 1 de enero de 2008», se podrá deducir [...] «sin necesidad de imputación contable en la cuenta de pérdidas y ganancias, la diferencia positiva» procedente de esas provisiones no utilizadas «siempre que la parte de esa diferencia imputable a periodos impositivos iniciados antes de dicha fecha se corresponda con provisiones fiscalmente deducibles en dichos periodos y que se abonen a cuentas de reservas con ocasión de la primera aplicación del Plan General de Contabilidad» aprobado en 2007 o del «Plan General de Contabilidad de Pymes y los criterios contables específicos para microempresas», también de 2007.

Alivio fiscal

Los expertos consultados por EXPANSIÓN no han tardado en reaccionar a la noticia. Y estiman que el alivio fiscal se acercará a los 2.000 millones de euros, «una cantidad más que considerable en medio de la complicada situación que se está generando», aclaran.

Se trata de la segunda fuente de ayuda al colectivo de empresas con fuerte presencia en el exterior que pactan los grupos socialistas y CiU. El anterior (ver EXPANSIÓN del pasado miércoles) supondrá que las empresas podrán deducirse en España gran parte de las pérdidas de sus filiales en el exterior cosechadas a partir del 1 de enero de 2009.

La ayuda se traducirá en un mecanismo de incentivo fiscal que beneficiará más a quien mayor exposición de riesgo haya asumido en el extranjero, un perfil que corresponde mucho más al de las mayores compañías españolas que a las de tipo medio. La pérdida de valor, de hecho, será deducible «en proporción a la participación».

El cambio permitirá modificar el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, de forma que el actual artículo 12.3 permita que sean deducibles las pérdidas por depreciación de las entidades, siempre que no coticen en un mercado regulado. La deducción, además, no exigirá su reflejo contable en la cuenta de pérdidas y ganancias, puesto que la nueva normativa en materia de contabilidad impide la aparición de este tipo de conceptos como provisión por depreciación de cartera.

El alivio a las empresas con filiales en el extranjero tiene aún más importancia en la débil coyuntura actual, dado que España será el país más dañado por el impacto de la crisis, según el FMI. Las cifras del Banco de España también apuntan en esta dirección: el resultado ordinario neto de las compañías nacionales dentro del país cae a tasas del 3,6%, mientras que los dividendos recibidos de filiales, principalmente extranjeras, explican aproximadamente la mitad del incremento de los ingresos financieros en los últimos dos años.

Las multinacionales españolas están, así, logrando compensar el descenso de su negocio interno dentro del país con un aumento de la actividad exterior, con lo que eliminar el pago de impuestos de buena parte de sus beneficios es un balón de oxígeno en tiempos de crisis. Un reciente estudio del Real Instituto El Cano explica, en concreto, que la facturación de las compañías del Ibex-35 en España creció un 14,4% en la primera mitad del año hasta alcanzar los 107.600 millones de euros, aumento que llegó al 20% en el exterior, hasta alcanzar los 103.100 millones.

De acuerdo con estas cifras, las previsiones apuntan que si se mantiene la tendencia, los ingresos internacionales de las empresas superarán pronto los ingresos en España, mostrando así la del alivio fiscal.

Regimen fiscal de Gibraltar, ayudado por el Tribunal de la Union Europea

Articulo aparecido ayer en La Vanguardia (www.lavanguardia.es) titulado "La UE anula la decisión de la CE contra el régimen fiscal de Gibraltar".

Bruselas. (EFE).- El Tribunal de Primera Instancia de la UE ha anulado la decisión de la Comisión Europea de considerar el impuesto de sociedades de Gibraltar, más bajo que el vigente en el Reino Unido, una ayuda de Estado ilegal.

La corte europea considera que Bruselas cometió un error al comparar el sistema fiscal al que están sometidas las empresas del Peñón con el aplicado en el Reino Unido. Los jueces europeos también creen que la Comisión no evaluó adecuadamente la supuesta selectividad de las medidas tributarias. El caso se remonta a 2002, cuando el Reino Unido notificó a Bruselas la reforma prevista por el Gobierno de Gibraltar en relación con el impuesto de sociedades.

La reforma comprendía el establecimiento de tres impuestos aplicables a las sociedades establecidas en el Peñón: una tasa de registro, un impuesto sobre el número de empleados y un impuesto por superficie ocupada; además, la carga por estos dos últimos tributos no podía ser superior al 15 por ciento de los beneficios.

La Comisión dictaminó en 2004 que el sistema constituía un sistema de ayuda estatal incompatible con el mercado común, pues era selectivo desde el punto de vista regional (gravaba a las sociedades gibraltareñas con un tipo inferior al del Reino Unido) y material (pues se favorecía a unas empresas sobre otras y en especial a las que no tenían presencia real en Gibraltar).

El Gobierno de Gibraltar y el Reino Unido interpusieron sendos recursos ante el Tribunal de Primera Instancia solicitando la anulación de la decisión. En su fallo de hoy, la corte señala que la Comisión no debía comparar el sistema tributario de Gibraltar con el británico, ya que el Peñón tiene fiscalidad propia y, por tanto, la posible selectividad de las ayudas (y la posible ventaja injustificada a algunas empresas) ha de determinarse en relación al régimen general gibraltareño.

Los jueces llegaron a esta conclusión tras comprobar que Gibraltar reúne los requisitos establecidos en una sentencia sobre la fiscalidad de las Azores -que clarificó cuando un ente regional puede contar con fiscalidad propia- para dictar sus propias normas tributarias.

En concreto, el Tribunal asegura que Gibraltar goza de autonomía institucional (pues sus autoridades cuentan, desde el punto de vista constitucional, con un estatuto político y administrativo distinto a del Gobierno central del Reino Unido) y de procedimiento (ya que Londres no tiene capacidad de intervención directa en las decisiones adoptadas por el Gobierno del Peñón).

Gibraltar también tiene, según la corte, autonomía económica y financiera, ya que asume las eventuales consecuencias presupuestarias de la reforma fiscal, es decir, que no recibe ayudas o subvenciones procedentes de otras regiones o del Gobierno central para compensar posibles caídas de ingresos.

En cuanto a la selectiva material, los jueces recuerdan que para comprobarla, ha de efectuarse un análisis en tres fases, identificando en primer lugar el régimen común o "normal" aplicable en la zona geográfica pertinente, para después demostrar que la medida en cuestión supone una excepción a ese régimen.

Además, aunque se demuestre la existencia de excepciones al régimen común que tengan como consecuencia una diferenciación entre empresas, puede ser que esa diferenciación no sea selectiva si se deriva de la naturaleza o la estructura del sistema de cargas dentro del que se enmarca.

En ese caso, corresponde al Estado miembro demostrar que las diferenciaciones están justificadas por la naturaleza y la estructura de su sistema fiscal, lo que la Comisión debe, por su parte, verificar.

En el caso de Gibraltar, el Tribunal señala que el ejecutivo de la UE ni identificó previamente ni cuestionó la calificación del régimen común o "normal" del sistema fiscal gibraltareño, por lo que le resultaba imposible demostrar si había elementos de excepcionalidad, si éstos eran selectivos y si estaban justificados.

La sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal de Justicia, sólo por cuestiones de derecho, en el plazo de dos meses.

Eliminar el IVA

Energetico articulo escrito por Xavier Sala i Martín ayer en las páginas de Economía de La Vanguardia, titulado "Eliminar el IVA":

Una de las consecuencias trágicas de la presente crisis financiera es que se ha tirado por la borda todo lo que los economistas han (¡hemos!) estudiado y predicado durante décadas. Parece que ahora vale todo: cualquier político que desee aumentar el gasto, sólo tiene que explicar que la crisis actual se parece a la del 1929, pronunciar la frase mágica "como dijo Keynes" y ¡zas!, ya tiene carta blanca para dilapidar dinero.

¡Sí! Ya sé que los libros de macroeconomía dicen que, durante las recesiones económicas, el déficit fiscal debe aumentar. Y también sé que se asocia esa expansión fiscal a los postulados keynesianos (aunque, en realidad, todos los macroeconomistas, incluso los clásicos, promulgan la contraciclicalidad del déficit público). Lo que los textos no dicen, sin embargo, es que una crisis abre la puerta al dispendio ilimitado e indiscriminado por parte de la clase política. Y es que hay dos maneras de incrementar el déficit: una, aumentar el gasto público y dos, reducir impuestos para que quien amplíe el gasto sea el ciudadano.

¿Cuál de las dos opciones es preferible para luchar contra la crisis? Hay quien dice que la mejor política será la que tenga un mayor "multiplicador" y ejerza un impacto mayor sobre el PIB. Es decir, si aumentar el gasto en 10.000 millones genera un aumento del PIB de 20 y, en cambio, reducir los impuestos en 10 genera un aumento del PIB de 10, entonces dicen que el aumento del gasto es mejor que la rebaja de impuestos. Aunque este razonamiento es común, es incorrecto porque si lo que queremos es generar un aumento del PIB de 20, no hay nada que impida al Gobierno reducir impuestos en 40 para conseguirlo.

Para evaluar qué política fiscal es mejor, hay que analizar dos aspectos clave. Por un lado, la eficiencia: incluso en épocas de crisis, los contribuyentes debemos asegurarnos de nuestro dinero no es derrochado. En este sentido, cuando se le da al Gobierno la posibilidad de gastar, en seguida surgen ministros, diputados, presidentes de comunidad, alcaldes, y todo tipo de malgastadores patológicos que van a encontrar las maneras más pintorescas de despilfarrar nuestro dinero y que van a tomar decisiones, no con criterios de eficiencia económica, sino con criterios políticos y electoralistas (para no ser acusados, por ejemplo, de hacer poco o nada). Eso hace que acaben adquiriendo cosas que no interesan a la gente sino a ellos mismos. Por el contrario, cuando se rebajan los impuestos son los propios ciudadanos los que deciden adónde va a parar el dinero porque ellos son los que lo van a gastar. Según el primer criterio, pues, el recorte impositivo es superior al aumento del gasto público.

El segundo criterio que tener en cuenta es la inmediatez: ¿qué política tendrá un efecto más rápido sobre la economía? La inmediatez es importante porque las recesiones tienen una duración corta y una política fiscal anticrisis que surta efecto después de la crisis es inútil. En este sentido, el aumento del gasto público en infraestructuras (como los 33.000 millones de inversión en transportes y medio ambiente propuesto por el Gobierno español) requiere concursos públicos, adjudicación de obras, escrituras de contratos, negociación de comisiones (legales y de las otras), etcétera. Un proceso largo que fácilmente puede retrasar el gasto en años. Y puede que entonces sea demasiado tarde... a no ser que el Gobierno lleve a cabo precisamente ese plan anticrisis porque piensa que la recesión en España durará... pues eso, ¡años!

Algo parecido pasa con la reducción del IRPF: cuando los ciudadanos se den cuenta de que el Gobierno les va a quitar menos dinero (y probablemente eso no pase hasta junio, cuando hagan la declaración), la crisis ya puede haber terminado.

En cambio, una reducción del IVA no tiene el mismo problema: si mañana a las diez de la mañana se eliminara el IVA, a las diez y un minuto la gente vería que lo que antes le costaba 100 ahora le cuesta 90, por lo que los 10 restantes podrían ser utilizados para comprar otras cosas. Del mismo modo, las empresas que tienen que guardar dinero para pagar el IVA, de repente tendrían recursos para gastar. Una eliminación del IVA, pues, sería una transfusión directa e instantánea de dinero a las venas de la economía. La pregunta es: ¿cómo sabemos que los ciudadanos gastarían los euros resultantes de la rebaja impositiva en lugar de ahorrarlos? Pues la verdad es que no lo sabemos. Por esto mi propuesta de política fiscal sería la eliminación del IVA, pero no la eliminación permanente, sino temporal.

Es decir, se debería anunciar la desaparición del IVA durante el 2009 (o hasta que se acabe la crisis) y su reaparición en el futuro. De ese modo, los precios serán más bajos si y sólo si se gasta en los próximos meses.

Eso induciría a los ciudadanos a gastar ahora, que es cuando se necesita. Resumiendo, tanto el argumento de la eficiencia como el de la inmediatez sugieren que la mejor política fiscal para luchar contra la crisis es la reducción o eliminación temporal del IVA.

El problema práctico que comporta eso es que la Unión Europea obliga a sus miembros a mantener un IVA mínimo del 15%, por lo que la decisión se tiene que tomar en Bruselas. Pero bueno, quizá ha llegado el momento de que todos los mandarines europeos demuestren que no sólo son chupópteros del dinero ajeno que viven en el cementerio de elefantes políticos y tomen, por fin, una decisión útil y valiente que puede contribuir a amortiguar la crisis: eliminar temporalmente el IVA.

España: amnistia para los paraisos fiscales?

"Caldera pide amnistía para los paraísos fiscales", articulo publicado el 13-12-08 , por M. Tejo en Expansion (www.expansion.com):

"Excellent!". Con este énfasis relataba ayer el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Ideas para el Progreso, Jesús Caldera, la reacción que tuvo el Premio Nobel Joseph Stigliz al leer una de las propuestas anticrisis que el núcleo intelectual del PSOE quiere agitar en España. Se trata de introducir un "proceso de regularización tributaria" para acabar con los paraísos fiscales en 2015. La propuesta pasa por despenalizar los capitales que abandonen estos edenes financieros, a la vez que se les permite tributar a un nivel inferior al legal.


Todo esto se justifica, según Caldera, por un fin altruista: los fondos aflorados se destinarán a reducir a la mitad la pobreza del mundo. En la práctica, el proyecto, que forma parte del informe Nuevas Ideas para Mejorar el Funcionamiento de los Mercados Financieros y la Economía Mundial, supone una suerte de amnistía, aunque a Caldera este término no le parece "adecuado". "No es una amnistía, porque [los inversores] seguirán pagando impuestos. Además, el fin último es bueno", explicó el ex ministro.

Zapatero acudió a la cumbre del G-20 con las propuestas económicas de la Fundación de Caldera
Según la OCDE, los paraísos fiscales acumulan un patrimonio privado de casi un trillón de dólares, cinco veces más al de hace dos décadas. Los Estados que los albergan tienen más de un millón de sociedades amparadas en el anonimato, lo que según el FMI ha permitido a estos territorios copar una cuarta parte de la riqueza mundial. Belice, Chipre, las isla Caimán y Gibraltar, por ejemplo, forman parte de la lista de paraísos elaborada por la OCDE.

El informe de la plataforma del PSOE, que ha contado con las aportaciones de dieciocho expertos y académicos "de todas las sensibilidades", da incluso un paso más allá.

Junto con la defensa de un gravamen especial para todo movimiento de fondos que tenga "como origen o destino" un paraíso fiscal, justifica que no se reconozca "personalidad jurídica" a las sociedades allí erradicadas para intervenir en el tráfico mercantil español.

Además, Ideas aboga por "prohibir que las entidades bancarias españolas tengan filiales o sucursales en dichos territorios". A nivel europeo, la reclamación se agudiza, pues busca suprimir del secreto bancario y establecer "medidas severas de aislamiento" financiero a los Estados que no quieran colaborar. Los bancos de Suiza, Uruguay o las islas Barbados están alineadas con esta regla, que impide revelar información privada sobre los clientes.

Ideas pretende crear agencias públicas de ráting que evalúen a todas las empresas privadas
El documento que, según Caldera, acompañó al presidente de Gobierno a la cumbre del G-20 en la que se le dejó estar presente a España bajo bandera francesa, el pasado noviembre, parte de que el mundo necesita un nuevo "paradigma", dado que "la ideología neoliberal" supuso, según los autores, que el principio de autorregulación mudara en "ausencia de regulación".

Desde esta óptica, apuesta por dar un mayor protagonismo al Estado, que podría dirigir sus tentáculos hacia las agencias de calificación.

Según los técnicos, éstas deberían ser más "independientes y objetivas". ¿Cómo? "Sometiéndose a supervisión, en incluso competencia, de las agencias públicas", señala el informe.

Caldera defiende que las actuales agencias de calificación estén "sometidas" a las públicas
Dos mandamientos financieros: prohibir las inversiones "distorsionadoras" en materias primas y limitar el apalancamiento de las entidades financieras
"Permitimos a las entidades financieras crecer demasiado (tanto que no podíamos permitir su colapso) lo que contribuyó a a la asunción excesiva de riesgos". Éstas son las únicas líneas que el informe económico de la Fundación Ideas, promovida por el PSOE, reserva para entonar el mea culpa de los gobiernos en la crisis financiera.

Al margen de este paréntesis, el equipo de técnicos pilotados por Caldera afirma que debe reconocerse la "legitimidad del Estado" para jugar un papel activo en la revisión y mejora de la regulación financiera.

Y de la teoría a la práctica. La Fundación defiende la necesidad de introducir límites al apalancamiento (financiación) de las entidades financieras para que los bancos no puedan endeudarse de forma "excesiva" poniendo en riesgo a toda la economía. Como guiño al sector, abogan por dar preferencia al acceso a "contratos y/o avales públicos" a las entidades financieras que hagan públicas sus políticas de buen gobierno corporativo.

Los técnicos piden una reforma del sistema retributivo de los directivos y limitar los blindajes
Otra de las propuestas pasa por "prohibir" las inversiones financieras "distorsionadoras en materias primas" que, en su opinión, han generado problemáticas burbujas de precios de los alimentos o del petróleo.

Otro de los puntos que más críticas centra es el apartado de remuneraciones de los directivos. En opinión de los expertos, deben estar "relacionadas con la creación de valor a medio plazo" y sus indemnizaciones ligadas a las causas del despido. Defienden aumentar las ventajas fiscales de las que gozan los planes generales de entrega de opciones sobre acciones o participaciones a los empleados o, en su caso, "dejar exentas de tributación las rentas producidas por estos títulos para el trabajador".

España: ventajas para la internacionalizacion, pese a Hacienda

"Golpe al deseo de Hacienda de exigir 2.000 millones a grandes exportadoras", articulo publicado el 11-12-08 , por C. Cuesta / E. S. Mazo en Expansion (www.expansion.com):

La Agencia Tributaria contaba ya con obtener cerca de 2.000 millones de euros adicionales. Debían proceder de una gran actuación inspectora: la que anulaba en la práctica la gran mayoría de las deducciones por exportación aplicadas por las grandes empresas españolas.


Pero se ha encontrado con un serio obstáculo. Una resolución del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), a la que ha tenido acceso EXPANSIÓN, acaba de asegurar que la Inspección «niega el derecho a la deducción por considerar que la inversión realizada en la constitución de filiales en el extranjero y adquisición de participaciones en sociedades extranjeras no está directamente relacionada con la actividad exportadora [...].

La resolución del Tribunal abre una importante vía de defensa legal frente a Hacienda
Sin embargo, la Inspección [...] está manifestando una apreciación subjetiva, carente de sustento legal, pues la ley exige una relación causal entre inversión y exportación, pero no que la exportación constituya el fin principal de la misma».

Algunas de las mayores empresas con fuerte implantación en el exterior han recibido actas en 2008 por culpa de esta contienda fiscal. «Mientras el deterioro de las ventas al por menor, con caídas superiores al 7%, ha llevado a muchas de las compañías a confiar en el exterior como tabla de salvamento frente a la crisis, la Agencia Tributaria ha decidido apretar las tuercas», señala uno de los directivos de una de las compañías exportadoras.

La internacionalización de las compañías se ha convertido, de hecho, en uno de los mecanismos de diversificación de riesgos y beneficios de las mayores entidades nacionales (Telefónica, Repsol, Endesa o Fenosa entre otras).

El punto de pelea entre las empresas y el Fisco por las deducciones por actividades de exportación en el Impuesto sobre Sociedades (que llegaron a ser de un 25% de los gastos ocasionados) partió de una circular de la Agencia –ver EXPANSIÓN de 3 de julio de 2008–.

El organismo antifraude señalaba en ese documento que «la mera implantación de empresas españolas en el extranjero no supone necesariamente una actividad exportadora [...] la mera implantación de empresas españolas en el extranjero, sin que exista una vinculación a la actividad exportadora, no es merecedora de la deducción por actividades exportadoras».

La resolución actual del TEAC rechaza ese planteamiento. Fuentes jurídicas consultadas destacan que el criterio, aunque podría ser cambiado en posteriores resoluciones, abre una importante vía de defensa legal frente a Hacienda.

Pero, además, la resolución en favor de las empresas tiene otro punto de interés. Se trata de una de las últimas que se emitió estando aún en su cargo el anterior presidente del Tribunal Económico Administrativo Central, Eduardo Abril.

La fecha de debate («fecha de sala») de esta resolución es de abril de 2008, cuando el cese de Abril se publicó en el BOE del 23 de mayo. La salida de Abril, de hecho, fue acompañada de versiones que apuntaban a un incremento del poder de la Agencia en el Ministerio.

España: La Agencia Tributaria entra 2 veces al dia en su vida

"La Agencia Tributaria entra en su vida dos veces al día", articulo muy interesante publicado el 06-12-08 , por J. J. Marcos en Expansion (www.expansion.com):

No descansa ningún día del año. No tiene ninguna hora libre. Todos los días procesa 80 millones de datos y transacciones económicos. Es el Gran Hermano fiscal, la red informática de la Agencia Tributaria (AEAT), un referente a nivel mundial en la lucha contra el fraude.


Dado que en España hay algo menos de 42 millones de contribuyentes (incluyendo grandes empresas y actividad aduanera), todos los días cualquiera de los pagadores a la Administración aparece dos veces en estos ingenios informáticos. No es de extrañar que a las máquinas y aplicaciones de Hacienda las bauticen con nombres de conquistadores.

Una de ellas, Orellana, aglutina en un solo punto todas las conexiones de Internet de la AEAT y hace que, hasta la fecha, sea una de las pocas administraciones que nunca ha sucumbido a un ataque hacker. No está muy claro lo que pensaría el aventurero extremeño de esta aplicación pero, gracias a su protección, Hacienda no descansa.

Es la primera administración del mundo que asume la información del IVA mensualmente
Durante la jornada laboral, las operaciones suelen ser las habituales: declaraciones de la renta, consultas, domiciliaciones fiscales... Después, la máquina realiza cruces de información en busca del fraude. No para. Realiza unas 12.000 de estas investigaciones al día. Cada vez más ajustadas.

Y es que el Gobierno ha adquirido ordenadores que dan titubeantes pasos en la inteligencia artificial. El sistema aprende, busca pautas de comportamiento en las personas que no declaran correctamente y afila sus inspecciones. Para ello, cuenta con datos de tarjetas de créditos, compras de activos, amarres de barcos, matriculaciones de coches y un interminable etcétera.

La AEAT también se ha pertrechado con una serie de robots que aceleran el tiempo de respuesta a tiempos que fraccionan en mucho el segundo.

La sede central de todo este entramado está ubicada en la calle Santa Magdalena de Madrid. Los 3.000 metros cuadrados de la tercera planta actúan como un cerebro de dimensiones titánicas desde donde se controla a unos 26.000 funcionarios de 500 oficinas distribuidas por toda España.

El edificio cuenta con protecciones sorprendentes. Recibe suministro de dos compañías eléctricas diferentes, con dos conexiones telefónicas separadas. "Hay que evitar el efecto excavadora", señala el subdirector de Explotación de la Agencia, José Luis Arufe, en referencia a accidentes y averías externos.

Además, la instalación tiene conexiones constantes y seguras con todas las entidades financieras, las administraciones con relación con los tributos y las aduanas, entre otros. Más aún, a 20 kilómetros, hay una réplica exacta de los ordenadores de la Agencia para que no se pierda información alguna.

En total, Hacienda acumula 3.500 millones de datos de sus contribuyentes. La información almacenada es la de unos 1.000 terabytes, una unidad de medida que viene del griego tera (monstruo) y que equivale a 10 elevado a la duodécima potencia. "Es como 400 millones de volúmenes de biblias que caben en menos de una habitación", estima Arufe.

Esta cantidad se va a ver exponencialmente aumentada. La caída en la recaudación que ha traído consigo la casi recesión española ha hecho que la inspección del fraude recobre importancia. El Fisco tendrá que controlar, por ejemplo, todos los depósitos en efectivo de cualquier entidad financiera a partir de 3.000 euros. La cantidad de información generada es imponente. Sin embargo, en la AEAT la desdeñan. "Lo que nos preocupa es la devolución mensual del IVA", añade el responsable informático de la Agencia.

Esta nueva operación, que aseguran que ningún país del mundo se ha atrevido a realizar, requerirá que se analicen un máximo de 17.000 millones de facturas al mes. Hacienda afirma que está preparada. "Es como en El Principito, somos una boa que se puede tragar un elefante", teorizó. A fin de cuentas, según las estimaciones de su personal, cada año la cantidad de información aumenta a un ritmo del 30%.


Desde la AEAT consideran que el grado de eficiencia alcanzado no es cuestión de la inversión de un año puntual, sino del acumulado desde finales de los años 70 en este sentido. De momento, se grata de la Agencia con mayor presupuesto del Gobierno. Para 2009 tiene dotados 1.208,98 millones. Eso sí, un 3% menos que en el presente ejercicio.

También tiene previsto el traslado de la sede a un edificio exclusivo, diseñado ex profeso para albergar este tipo de maquinaria pesada. La idea era que el traslado fuera en 2012, aunque "ahora, con la crisis, no se sabe", añade Arufe.

Menos personal, más recaudación

Los esfuerzos de la Agencia Tributaria contra el fraude se centran cada vez más en las grandes tramas, según destaca la última memoria del organismo, donde se detecta una reducción de la plantilla en 82 personas. La memoria constata que las inspecciones de contribuyentes investigados por los mecanismos selectivos tradicionales han pasado de 33.150 a 25.670. De este modo, las grandes tramas distraen el Gobierno del control de los asalariados (ver EXPANSIÓN del 13 de septiembre).

Al mismo tiempo, al defraudador detectado se le impone mayor cantidad de multas, al menos según los datos de la cantidad económica recaudada. Para 2009, la previsión que tiene la AEAT es la de recaudar 5.900 millones, un 3% más, aunque estas cifras se dieron antes de que el Gobierno aprobara las nuevas medidas antifraude.

España: hipocresia de los bancos en torno a los paraísos fiscales

"Anticorrupción denuncia la “hipocresía” de la banca en torno a los paraísos fiscales", articulo publicado el 03-12-08 , por María A. Caro / B. A. en Expansion (www.expansion.com):

La Fiscalía Anticorrupción ha centrado su atención sobre la posición de la banca en las operaciones de fraude fiscal. El titular de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, afirmó ayer en el IV Foro Antifraude organizado por KPMG y celebrado en Madrid, que las entidades bancarias facilitan sus “clientes preferentes” el depósito de su dinero en paraísos fiscales y que existe una “hipocresía” en torno a los territorios exentos de impuestos.


El foro, denominado La Instrucción Judicial en Procedimientos por Delitos Complejos, reunió a varios expertos sobre la cuestión, que destacaron las carencias de nuestro sistema en la persecución del fraude.

Luzón reconoció que la lucha contra el crimen económico está “abocada al fracaso” y afirmó que la dificultad en la búsqueda de información de estos delitos es extrema. De igual forma destacó, dejando entrever el papel de los bancos en la ocultación del dinero, que la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales obliga a los bancos a mantener durante seis años toda la información y que aunque los bancos alegan que destruyen la información transcurrido ese tiempo, Anticorrupción ha comprobado que no es así.

Aumentar el control

El fiscal insistió en que es preciso que los organismos reguladores aumenten el control y que los territorios offshore “se conviertan en cooperantes y aporten información cuando se trata de un delito de gravedad”.

En cuanto a la evolución de los delitos económicos, destacó que ha sido tal que ahora habría que hablar de la existencia de “una economía del crimen”, fundida en la economía globalizada que unifica las prácticas legales e ilegales, estando la posibilidad de ocultar fondos al “alcance de cualquiera”.

En este mismo foro, el instructor del ‘caso Malaya’ y actual titular del Juzgado de lo Penal número 5 de Granada, Miguel Angel Torres, se mostró partidario de crear juzgados especializados en delitos económicos fuera de la Audiencia Nacional, con jueces, fiscales y funcionarios con una “cualificación específica”.

El juez Torres apuntó que anteponer el embargo de bienes frente a la privación de libertad sería “más provechoso” para la sociedad. Por otra parte, también aprovechó su turno para alertar de la “insuficiente” regulación existente en España del secreto de las actuaciones, así como del escaso desarrollo de instrumentos tan relevantes como la regulación de los arrepentidos, la protección de testigos y la “alarmante” normativa sobre intervenciones telefónicas.

Por otro lado, el socio director responsable de Forensic en Europa, Oriente Medio y África de KPMG, Pablo Bernad, resaltó la importancia de la prueba pericial en este tipo de delitos en apoyo a las tesis de la fiscalía o de los abogados defensores. El experto destacó la importancia en este ámbito de la tecnología forense.

En este sentido, Bernad también apuntó que muchas veces se observa que tanto jueces como fiscales carecen de los conocimientos técnicos y no están familiarizados con la tecnología financiera.

Las necesidades de nuestro sistema
- Según el fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, los bancos no cumplen con la obligación de conservar la información de sus clientes y destruirla transcurridos seis años.

- El fiscal insistió en la necesidad de que los territorios offshore “se conviertan en cooperantes y aporten información cuando se trate de un delito de gravedad”.

- El juez Torres, instructor del ‘caso Malaya’, pide que haya juzgados especializados en delitos económicos fuera de la Audiencia Nacional.

- Es insuficiente la regulación española sobre el secreto de las actuaciones judiciales y hay un escaso desarrollo de instrumentos como la figura del arrepentido, la protección de testigos o la “alarmante” normativa de intervenciones telefónicas.

- Es más provechoso para luchar contra la corrupción la medida del embargo de bienes frente a la de privación de libertad.

- La prueba pericial es muy relevante en este tipo de delitos en apoyo a las tesis de la Fiscalía o de los abogados defensores.