miércoles, 1 de octubre de 2008

España: inspecciones de impuestos sin papel


"Se acabó papel en las inspecciones de Hacienda de las empresas", articulo publicado el 29-09-2008 , por José Mª López Agúndez en Expansion.com:

Una consulta de la DGT permite “destruir el papel” una vez que se digitalicen las facturas. El criterio de Tributos se adelanta en el tiempo porque todavía son muy frecuentes las actuaciones en las que se pide papel. El sistema informático debe certificarse por Hacienda.

La Dirección General de Tributos (DGT) acepta y respalda que las empresas puedan presentar y conservar las facturas en formato digital para las inspecciones y requerimientos que realice la Administración.

En una consulta sobre deducción de cuotas soportadas del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), la DGT explica de forma muy gráfica que una vez que los documentos de las empresas se digitalicen “se puede incluso destruir el papel”. El requisito imprescindible para poder beneficiarse de la tecnología es que la empresa cuenta con un sistema homologado o certificado por Hacienda.

Tributos ha estudiado la consulta realizada por una empresa que procesa un elevado número de documentos en papel, digitalizando todos ellos para ser incluidos en una base de datos. La compañía preguntaba a Hacienda sobre la validez como prueba de los documentos digitalizados en su correspondiente soporte ?disquetes, CD y cintas magnéticas? ante cualquier requerimiento de la Administración tributaria.

Lo que hace la DGT es interpretar la Orden 962/2007 sobre Facturación telemática y conservación electrónica de facturas del Ministerio de Economía. En esta norma se incluyen los requisitos del sistema de software que deben tener las empresas para digitalizar su documentación y en la Resolución de 24-X-2007 se recoge el procedimiento que tienen que seguir las empresas para conseguir que el director del departamento de Informática Tributaria de la Agencia homologue su sistema. También se incluyen los formatos, entre otros, el PDF y JEPG2000.

La principal característica que debe reunir el software es que “garantice la obtención de una imagen fiel e íntegra de cada documento y firmada con firma electrónica”. El sistema digital “certificado”, añade la consulta, tendrá que “organizarse en torno a una base de datos documental y que por cada documento digitalizado se conserve un registro de datos con todos los campos exigibles en la llevanza de los libros de registro”.

Según explica la DGT, “en la medida en que las facturas y documentos sustitutivos y cualesquiera otros documentos o justificantes pueden ser digitalizados y conservados por medios electrónicos, pudiéndose incluso destruir el papel, dicha documentación en soporte electrónico puede ser válida como medio de prueba en los procedimientos realizados ante la Administración tributaria”.

La consulta introduce una importante matización en lo que se refiere a la destrucción de los documentos. El contribuyente tendrá que tener en cuenta “el cumplimiento de las obligaciones que en otros ámbitos, como el mercantil, afecten a la conservación de dichos documentos”.

Es decir, no todo el papel tiene por qué desaparecer, ya que en otro tipo de ámbitos fuera de lo que es el procedimiento administrativo tributario, como las transacciones comerciales, puede ser relevante su conservación.

Por otro lado, la consulta recuerda que la Ley 37/1992 del IVA ya previó que “las facturas recibidas, los justificantes contables, las facturas expedidas y las demás copias deberán conservarse, incluso por medios electrónicos, durante el plazo de prescripción del impuesto”. De igual forma, esta norma también establece que la conservación de este tipo de documentos “se podrá cumplir por un tercero, que actuará en nombre y por cuenta del sujeto pasivo”.

Como explica Raúl Salas, socio del Área Fiscal de Baker & McKenzie, la importancia de esta consulta reside en que “la DGT se pronuncia sobre la validez del formato electrónico de facturas emitidas y recibidas en un momento en el que todavía se pide papel en las inspecciones e incluso cuesta que acepten la firma electrónica en determinadas situaciones”. Salas apunta que el documento o la factura digitalizado tiene que ser “inalterable”.

miércoles, 24 de septiembre de 2008

España: impuestos si se prorroga la hipoteca


"Prorrogar la hipoteca exige acudir a Hacienda", articulo publicado el 22-09-2008 , por B. A. en Expansion.com:

La ampliación del plazo del préstamo hipotecario,aunque esté exenta de AJD, debe pasar por Tributos antes de acceder al Registro.

En los últimos meses se han introducido importantes modificaciones en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, concretamente en lo referente a préstamos hipotecarios.

Por un lado, la Ley 41/2007, de 7 de diciembre declaró exentas de la modalidad gradual de Actos Jurídicos Documentados las escrituras públicas de novación modificativa de préstamos hipotecarios. Por otro, el Real Decreto-Ley que aprobó el Gobierno en abril sobre medidas de impulso a la actividad económica estableció que las escrituras públicas de ampliación del plazo de préstamos con garantía hipotecaria concedidos para la adquisición, construcción y rehabilitación de vivienda habitual realizadas en el periodo de dos años a contar desde su entrada en vigor se extenderían en papel común, es decir, no estarían sujetas a la cuota fija de este impuesto.

Todas estas modificaciones inducen a pensar, como hizo el Colegio de Registradores en una reciente consulta a la Dirección General de Tributos (DGT), que el gravamen fiscal sobre las operaciones de ampliación de plazo de los préstamos hipotecarios destinados a vivienda habitual para el periodo de dos años mencionado ha desaparecido.

Sin embargo, esta Dirección General entiende que a pesar de todo ello, antes de llevar la escritura al Registro de la Propiedad, ésta debe pasar por la oficina liquidadora de la Agencia Tributaria correspondiente, para que examine la procedencia o no de la exención.

El artículo 54.2 de la Ley exime de esta obligación, única y exclusivamente respecto de las copias o escrituras que no tengan por objeto cantidad o cosa evaluable, así como los testimonios notariales de toda clase. Según el artículo 32.3 de la Ley, se entiende que un acto es de objeto no evaluable "cuando durante toda su vigencia, incluso en el momento de su extinción, no pueda determinarse la cuantía de la base imponible de la cuota.

Esta base imponible está constituida por el importe de la obligación o capital garantizado ?los intereses, indemnizaciones, penas por incumplimiento u otros conceptos similares, incluidos?. Si se concierta una ampliación del préstamo hipotecario, Tributos distingue entre si se modifica o no la base imponible. En el segundo caso, efectivamente la operación no tendrá cantidad o cosa evaluable.

Ahora bien, lo "habitual", según la Dirección General, es que la ampliación del plazo conlleve, en general, el devengo de nuevos intereses y, en consecuencia, una modificación de la suma total garantizada. En ese caso, la consulta establece que la escritura pública tendrá como contenido evaluable "el correspondiente a la modificación de la suma total garantizada, que no ha tributado previamente".

En consecuencia, a pesar de la voluntad administrativa de agilizar la tramitación de estos documentos que se deriva de las últimas reformas del impuesto, Tributos establece la necesidad de presentar en la oficina liquidadora de Hacienda las escrituras que documentan la ampliación de plazo del préstamo hipotecario, con independencia de que estuvieran exentas o no sujetas al impuesto. (DGT 14/07/2008 ).

jueves, 18 de septiembre de 2008

España: las aportaciones de socios tributan


"Las autonomías aumentarán los impuestos a las empresas", articulo publicado el 17-09-2008 , por C. Cuesta/ D. Gracia en Expansion.com:

Las aportaciones que realicen los socios de un grupo, incluso las que no se destinen a reponer pérdidas, pagarán Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. La inspección de estas operaciones pasa a manos de las comunidades.

El paquete de medidas anticrisis que lanzó el Gobierno a principio de verano, y que aún deberá esperar hasta finalizar el año para entrar en vigor, parece haberse centrado en algunas materias un tanto alejadas del frenazo económico.

Al margen de la tardanza en la tramitación, el texto definitivo trasladado a las Cortes ha recogido un incremento del ámbito de aplicación de los impuestos autonómicos sobre las empresas. Algo que suena más a cesión de recursos a las arcas territoriales que a incentivos empresariales para solventar el fuerte impacto económico que atraviesa España y el resto de economías.

El cambio, en concreto, aparece recogido en el artículo 7.3 del proyecto, donde se modifica la normativa del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD). El retoque es de apariencia técnica y, de hecho, no ha sido comentada oficialmente en los avances del plan que ha realizado en repetidas ocasiones el Ejecutivo.

El cambio supone que las aportaciones que realicen los socios a las compañías del grupo ?a partir de la entrada en vigor del texto? deberán tributar por la vertiente empresarial del ITP, el impuesto conocido como Operaciones Societarias y cuyo tipo es del 1% de la cuantía traspasada.

Hasta ahora, este tipo de aportaciones pagaba este impuesto sólo si se destinaban a reponer pérdidas de las compañías. Ahora se aplicará siempre con una única salvedad, que el traspaso de dinero amplíe el capital social, algo que no será recibido por las empresas como un gran alivio puesto que en ese supuesto ya actualmente se está exigiendo el pago fiscal.

Momentos de apuros

El Gobierno, sin embargo, es consciente de que este peaje puede poner en apuros a las transacciones entre compañías que se realizan, con especial intensidad, en situaciones de crisis. Los expertos consultados por EXPANSIÓN destacan que las inyecciones de dinero entre filiales con el fin de ayudar suelen sobrepasar las pérdidas, “puesto que de lo que se trata es de relanzar los negocios y evitar precisamente que vuelvan a situarse en pérdidas”.

Por ello, ha decidido modificar el Impuesto de Sociedades. Actualmente, las aportaciones destinadas a filiales que no sean para compensar pérdidas pagan por este tributo (con un tipo del 30%). Eso sí, ese porcentaje del 30% se paga sobre los beneficios finales de la empresa, por lo que si al final del ejercicio el volumen de gastos cubre ese traspaso y la empresa cierra sin beneficios, lo cierto es que Hacienda no cobra.

Los asesores no ocultan su temor a un incremento de la presión fiscal por este motivo. Hasta ahora, pagaban posiblemente menos y, además, los inspectores que lo controlaban eran los de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, más acostumbrados a las operaciones empresariales.

Ahora se aplicará, independientemente de los beneficios o pérdidas de la empresa y, además, se encargarán de exigirlo unos inspectores autonómicos recién introducidos en este tipo de valoraciones. La mala salud de las finanzas regionales, golpeadas por la caída de sus impuestos ?muy ligados hasta ahora a la construcción y al consumo? termina de atemorizar a las empresas y asesores.

El maquillaje técnico del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales supone, en la práctica, una nueva cesión competencial para las comunidades autónomas, que pasarán a controlar con lupa este tipo de operaciones societarias.

A pesar de las críticas que el ministro de Economía, Pedro Solbes, ha recibido por su falta de concreción a la hora de definir el nuevo modelo de financiación de las comunidades, el vicepresidente parece que ya ha comenzado a diseñar el nuevo marco de reparto de fondos antes de sentarse a debatir con todos los consejeros de Hacienda.

Compensación

Entre otras cosas, el Ejecutivo se ha comprometido a compensar a las comunidades autónomas por la supresión de tributos cedidos como el de Patrimonio, o por medidas de gran calado financiero como la Ley de Dependencia.

Curiosamente, Cataluña, Madrid, Andalucía y Valencia son las cuatro autonomías que más recaudan por ITP ?más del 10% de sus ingresos totales?. Es decir, las cuatro que por su peso económico en España tendrán también más capacidad de inspeccionar las aportaciones entre empresas de un mismo grupo.

Tras el agrio debate del verano en torno a la reforma financiera, Solbes argumenta ahora que todo “ha vuelto a la casilla cero”, después de haber defendido a capa y espada sus “bases para la negociación”. Hacienda volverá a escuchar una por una las peticiones autonómicas. Aunque, de momento, ya ha cedido un nuevo campo fiscal con clara repercusión para las empresas.

miércoles, 10 de septiembre de 2008

US: witholding tax in partnerships with US trade or business


CCH (cch.taxgroup.com) reports:

The latest fact sheet released by the IRS in its monthly International Tax Gap Series reminds partnerships with foreign partners of their withholding responsibilities with respect to partnership income. If a partnership is engaged in a U.S. trade or business, each foreign partner is treated as directly engaged in that business for federal income tax purposes. The partnership must pay a withholding tax based on foreign partners' allocable share of the partnership's effectively connected income, and each partner must file an appropriate U.S. income tax return. Withholding tax rates range from 15% to 35%, depending on the type of income.

IRS International Tax Gap Series: U.S. Tax Withholding on Effectively Connected Income Allocable to Foreign Partners

martes, 27 de mayo de 2008

The New Global Hunt for Tax Cheats


The New Global Hunt for Tax Cheats
Article published by by Keith Epstein and Mark Scott in Business Week (http://www.businessweek.com/globalbiz/content/may2008/gb20080523_754004_page_2.htm).

By forming multinational investigative teams, the IRS and other tax collectors are cracking down on evaders and giving new meaning to globalization

Government authorities from Australia to the U.S. are hunting big game together. Their prey? Wealthy tax evaders—as well as the asset managers, banks, and accountants who help prosperous people conceal cash in offshore bank accounts. For decades, globalization has afforded an edge to tax cheats. Now it's working for the tax cops, too.

Buoyed by new multinational investigative teams, agreements with banks to open once-secret records, tougher penalties for cheats and third parties, and a thirst for billions of dollars in recoverable revenue, the new globe-spanning tax man has got the world's mega-rich worried they could run afoul of the mounting crackdown.

With so much money at stake, it's no wonder the U.S. Internal Revenue Service, Germany's Bundesministerium der Finanzen, Britain's Her Majesty's Revenue & Customs, and other international colleagues are eager to nab wealthy tax evaders. Almost $6 trillion is estimated to be hidden from tax authorities across the globe—Germany's central bank suggests $775 billion in German assets alone have been secreted out of the country. In the U.S., the IRS reckons $295 billion of potential tax revenue goes uncollected—much of it because of underreported income. With governmental budgets strained everywhere, leaders are eager to mop up those missing payments.

A Collaborative Effort
To close this "tax gap," U.S. investigators and their comrades overseas are cooperating as never before. Since the September 11 terrorist attacks, tracking money movements has become a priority. In response, law enforcement and banks have started to share more information about possible tax evaders. Governments also realize they have a lot to gain from stiffer penalties that return more money to underfilled coffers.

"There's a lot of offshore tax evasion, so governments are trying to find tools to combat that," says Grace Perez-Navarro, deputy director of tax policy and administration at the Paris-based Organisation for Economic Co-operation & Development (OECD). "Governments realized there was greater value in working multilaterally."

Cross-border collaboration has become a buzzword in global law enforcement circles. Under an OECD-negotiated treaty, 19 countries, including states as diverse as the U.S., Italy, and Azerbaijan now can prosecute tax evaders within their jurisdictions on behalf of other signatory countries. The European Union passed a similar law in 2000, while Brazil, India, and South Africa began cooperating with each other to identify suspect transactions in 2006. Their targets typically conceal assets in the roughly 40 nations generally seen as tax havens, which are analyzed routinely by international organizations such as the OECD and the International Monetary Fund.

The IRS Joins Forces
These days, an investigator following a lead need not even cross a border for help from his international colleagues: He or she merely has to walk down the hallway. Since 2004 tax shelter sleuths from five countries—the U.S., Britain, Australia, Japan, and Canada—have shared work space, tactics, and information in a joint office at IRS headquarters in Washington. The success of the operation led to its expansion last year, including the opening of a London-based outpost at Her Majesty's Revenue & Customs.

The physical setup of this so-called Joint International Tax Shelter Information Centre reflects the sensitivity of the work. Each member of the unit—which is physically separated from the rest of the IRS—has a separate, closed office, allowing for confidential communication with counterparts back home, as well as discreet one-on-one conversations with local colleagues and the IRS. "The office space is configured in a manner that reflects the critical need to protect the privacy of taxpayer information," according to an IRS spokesman.

The IRS argues that such cooperation is essential in a world of globalized money flows. "Cross-border migration of capital and people has made this a more integrated world, and the IRS is working closely with other national tax administrators to ensure that we have a global view of our work," says the top tax official in the U.S., IRS Commissioner Douglas Shulman. This close work with other tax authorities, he adds, has allowed the IRS and its equivalents in other nations to achieve "a new level of cooperation in identifying, developing, and sharing leads on abusive tax transactions and schemes."

Such cooperation will only increase as governments clamp down on tax evasion, says Daniel Feingold, senior partner at Britain-based global tax consultancy Strategic Tax Planning. "There's a definite push for this sort of thing," he says.

Squeezing Tax Havens
All of this has put the squeeze on tax havens such as Liechtenstein and Andorra that have long-held traditions and laws supporting no-questions-asked banking for wealthy clients. "The number of countries safe for this activity is dwindling," says Beverly Hills-based tax lawyer Edward Robbins Jr., a former assistant U.S. attorney who oversaw tax prosecutions in California. "There aren't that many left, frankly."

For decades, banks in places such as Switzerland have flourished by offering seemingly ideal havens from the tax man. Switzerland's code of silence, for instance, goes back at least 200 years. And during World War II, Nazis and Jews alike made use of Swiss bankers' discretion. Since then so have corporations and non-governmental organizations—as well as drug traffickers and corrupt dictators.

Yet even this Alpine paradise has conceded to mounting international pressure (BusinessWeek.com, 5/21/08). Most major Swiss banks have signed up with the U.S. to be "qualified intermediaries." The system gives the IRS access to any account containing U.S. securities and requires the filing of tax and other forms with the U.S. that identify clients and balances—not exactly the image of tight-lipped discretion portrayed in movies such as The Spanish Prisoner and The Bourne Identity. Even the Swiss government admits to a disconnect between tradition and current reality. "Swiss banking secrecy is in no way absolute," cautions the Swiss embassy's Web site.

Often under pressure, other tax havens have followed suit. Agreements with traditional ports-of-call for evaders like Malta and Bermuda have aided the IRS and its international counterparts. Now tax collectors don't even have to pick their way through complicated avoidance schemes: They can make a case against alleged tax cheats simply by catching missing or falsified paperwork.

Elaborate Web
Here's how it works. For years, a bank client with any kind of interest in an overseas account valued at more than $10,000 has had to file a special form with the IRS disclosing that fact. But to avoid taxation, he might not file the form, or might underreport the value of the account on his tax return. More deviously, he might conceal transactions in an elaborate web of trusts and holding companies. Now, thanks to more international sharing of data, the IRS may find out about the account anyway—from the bank itself.

The recent high-profile indictment of former UBS (UBS) banker Brad Birkenfeld shows just how tough the authorities are getting. Birkenfeld's wealthy client, Igor Olenicoff, has pleaded guilty to filing false tax returns and agreed to pay $52 million in back taxes. Both Olenicoff and Birkenfeld, who was born in Boston and lives in Switzerland, are believed to be cooperating in a continuing investigation that began with the discovery of $200 million allegedly concealed in European tax havens on behalf of Olenicoff, a Russian émigré-turned-California real estate developer.

As a result of that probe, the extended arm of U.S. law may reach not just other clients of Birkenfeld (and those of an alleged collaborator in Liechtenstein named Mario Staggl, who specializes in the intricacies of tax havens and trusts) but also other employees of UBS. "This is not an isolated incident," says David Schwedel, a Florida entrepreneur who is now an investment partner of Birkenfeld's. "He won't be the last banker called in for questioning. There will be a lot of bankers called into this. They're going after others at UBS and any U.S. individuals involved with the bank."

Alerted About the Risks
Kevin Packman, a Miami lawyer who represents taxpayers running afoul of the IRS, says he's amazed that even sophisticated CPAs with major corporate and individual clients seem unaware of the international push against money held offshore. Tax lawyers around the world tell of clients—often expatriates—who are becoming increasingly worried about being ensnared in the tightening net, thanks to publicity surrounding tax avoidance test cases in Europe and the U.S.

One lawyer tells of trying to alert a client in Argentina about the risks of failing to disclose information to authorities in the client's home country. Even so, the client persisted in wanting to keep income under wraps. But tax lawyers and wealth managers from Basel to Boston say the risks of doing so are rising. "It's obvious that there's a growing intolerance of tax avoidance in the Western world," says Ted Wilson, a senior consultant at Scorpio Partnership, a London-based strategic consultancy to those who advise wealthy clients.

Of course, when the cat is in Zurich or Malta, the mice will find other havens. Asset managers, tax lawyers, and investigators tell BusinessWeek that wealthy evaders are taking a closer look at new frontiers for concealment. One such nation is the Republic of Vanuatu, a tiny, tax-free South Pacific archipelago 1,000 miles from Australia. Local officials even promote their tax haven status to potential clients. "Attractions for the foreign investor" include "extensive secrecy protections," according to a Vanuatu business and taxation guide.

Wealthy individuals looking to evade taxes likely will always find ways to circumvent the law. Yet as enforcement finds new ways to share information, the number of prosecutions is expected to rise. That has put pressure on well-known tax havens, such as Liechtenstein, either to shape up or face the full brunt of global tax authorities. In fact, there are signs things are already changing. Says Strategic Tax Planning's Feingold: These days, "among experienced practitioners, no one would ever use Liechtenstein."

Epstein is a correspondent in BusinessWeek's Washington bureau. Scott is a reporter in BusinessWeek's London bureau .